Profesores ayudantes doctor de la Universidad Pablo de Olavide denuncian el bloqueo de sus promociones por falta de financiación de la Junta
Los afectados aseguran que la situación genera desigualdad respecto a otros docentes incorporados en el mismo programa estatal.
Seis docentes afectados en la UPO
La situación afecta actualmente a seis profesores ayudantes doctor de la Universidad Pablo de Olavide, incorporados mediante la convocatoria María Goyri.
Los docentes denuncian que la Junta de Andalucía no ha desbloqueado los fondos necesarios para permitir su promoción profesional.
El conflicto surge tras el acuerdo firmado en 2024 entre el Ministerio de Universidades, la Junta y las universidades públicas andaluzas.
Ese programa contemplaba la incorporación de 774 plazas de Ayudante Doctor en toda España.
La convocatoria María Goyri sigue pendiente
Del total de plazas previstas, 468 dependían del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Las otras 306 correspondían a la Junta de Andalucía mediante la convocatoria María Goyri.
Las plazas financiadas por el Ministerio ya fueron convocadas en 2025 y los docentes se encuentran trabajando en sus universidades.
Sin embargo, las plazas dependientes de la Junta todavía no han sido convocadas.
Reclaman la conversión a profesor permanente laboral
Durante los últimos meses, varios ayudantes doctor acreditados como profesor titular solicitaron su conversión a profesor permanente laboral.
Según explican los afectados, esta posibilidad está recogida en el convenio colectivo universitario.
En algunas universidades, el cambio requiere un periodo previo. En otras, como la Pablo de Olavide, la conversión puede realizarse de forma inmediata.
El convenio regulador del programa establece que la Junta asumiría el coste de estabilización del personal incorporado.
Sin respuesta oficial a las solicitudes
Los profesores aseguran que no han recibido respuesta formal ni a sus solicitudes ni a los recursos presentados posteriormente.
Según trasladó el rectorado de la UPO en una reunión reciente, la Junta no estaría liberando los fondos comprometidos.
Esta situación impediría que la universidad asumiera las promociones sin generar déficit presupuestario.
Desde el Ministerio también habrían rechazado aportar financiación adicional, remitiéndose al acuerdo firmado previamente con la administración andaluza.
Los docentes denuncian desigualdad
Los afectados consideran que existe una situación de discriminación respecto a otros compañeros que sí han podido promocionar.
Temen además que el problema se extienda a otras universidades andaluzas cuando finalicen sus plazos internos.
Una de las profesoras afectadas lamenta las consecuencias laborales y económicas del bloqueo.
“No se nos está aplicando el convenio colectivo y llevamos desde septiembre sin que se nos reconozca la categoría profesional”, explica.
